Cuando un grupo de soldados se enfrentó a policías federales en el Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, el 7 de noviembre de 1991, la DEA presentó evidencias de lo sucedido: videos grabados desde un avión de intercepción que sobrevoló el área donde ocurrió el tiroteo. Las autoridades mexicanas concluyeron que la matanza de policías se debió a una confusión. Otras versiones apuntaron a que los militares estaban implicados en el narcotráfico. La tesis de la confusión impidió una confrontación mayor entre civiles y militares.

La DEA opera abiertamente en México y realiza investigaciones sin recato alguno. Antes de los hechos de Culiacán, en octubre pasado, agentes de la DEA visitaron a las autoridades federales y estatales para coordinar el operativo de captura de Ovidio Guzmán, abortado por fallas en su aplicación.

Esto dejó en claro que los agentes norteamericanos planificaron la captura, le otorgaron la información al Ejército y éste implementó el operativo para capturar al hijo de El Chapo Guzmán, quien iba a ser extraditado después.

En una charla que sostuve con José Luis Santiago Vasconcelos en el año 2004, el entonces subprocurador Especializado contra la Delincuencia Organizada de la PGR, me dijo: –Todo viene de Estados Unidos. Ellos realizan las investigaciones y nos las ponen en el escritorio y luego operamos concretar los objetivos. Pero la política antidrogas de México se decide en Washington.