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Asuntos Públicos – Salud, por las empresas de Morena

Eduardo Coronel Chiu

Rebotó en el Gobierno del Estado, concretamente en la Secretaría de Salud, el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ayer divulgado en su página de internet, acerca del favoritismo de la 4T para las empresas farmacéuticas del actual súper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, un aliado “incómodo” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La investigación periodística realizada por esa organización muestra con documentos no solo las conexiones de un grupo de 9 empresas dedicadas a la venta de medicamentos e insumos para la salud con el empresario metido a político y sus familiares, sino el inicio del otorgamiento de contratos en su favor por parte del gobierno federal y de algunos estados gobernados por el partido Morena.
Sin entrar en los detalles de otros contratos bajo sospecha de corrupción concedidos a las empresas de Lomelí, que sumarían 160 millones desde diciembre; para Veracruz lo relevante es que apenas a los 20 días de haberse instalado el gobierno de Cuitláhuac García, la Secretaría de Salud, a cargo de Roberto Ramos Alor, contrató directamente y sin concurso a una de ellas; la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud SA, (Abisalud), vinculada a Lomelí, recibió un contrato por un monto de 36.5 millones de pesos para “adquisición de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2018”.
La operación está documentada, incluso en la página de MCCI pueden consultarse las especificaciones del contrato 173/2018, en la hoja oficial de la dependencia, incluso con sellos de la afectación presupuestal, documentos a los que no se accede por la página de transparencia de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), aunque sí enlistan dicho contrato en su reporte de diciembre de adjudicaciones directas. No hay duda de que la contratación se efectuó.
Entra con tapete de Morena
La empresa Abisalud no formaba parte del padrón de proveedores del Gobierno del Estado. No hay registros de contratos a su favor antes de la actual administración. Tampoco hay una explicación, fuera del favoritismo y el tráfico de influencia, que justifique por qué la Secretaría de Salud seleccionó a una empresa domiciliada en Zapopan, Jalisco, para adjudicarle fuera de concurso una compra de medicamentos por 36.5 millones de pesos. Con un padrón extenso de proveedores del mismo producto, tenían mucho de donde escoger, por ello, traer a la empresa del aliado de AMLO pone en entredicho la honestidad declarada, que una vez más, choca con los hechos.
De nuevo, el Gobierno del Estado –como el gobierno de AMLO– es exhibido en asignaciones de contratos para favorecer a empresas determinadas.
A ver qué dice AMLO cuando lo cuestionen por los contratos a su “superdelegado”. En un caso parecido, el de su compadre Miguel Rincón, quien había ganado una licitación de la SEP para impresión de libros de texto, le pidió renunciara al contrato. ¿Le pedirá lo mismo a Carlos Lomelí?
Por lo que corresponde a Veracruz, ¿darán alguna explicación? O ¿aplicarán la política de la avestruz?, ya muy gastada en los asuntos de rendición de cuentas.
Socio de Yunes y Edel sale a relucir… en juicio de Borge
Mientras aquí es uno de los intocables, Francisco Ruiz Anitúa, socio de las empresas ACCSA y Promotora Malibrán, beneficiadas por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes y el presidente del Poder Judicial, en Quintana Roo, está implicado en los juicios por corrupción en contra del ex gobernador Roberto Borge.
Aparece Ruiz Anitúa, compadre y empresario consentido de Roberto Borge, ahora en prisión, al menos en dos señalamientos, uno por haber recibido contratos para obras y servicios por casi 700 millones de pesos, a través de su empresa Desarrolladora Rumega, y el segundo más reciente, el fraude a la paraestatal VIP Saesa, en el cual Borge ordenó la subcontratación de los servicios de taxi aéreo a su empresa Aerotaxi Villa Rica, por la cantidad de 594 millones de pesos.
En cambio en Veracruz, los del nuevo gobierno no parecen interesados en destapar la cloaca de los negocios de las prórrogas anticipadas por 30 años más de las concesiones carreteras Veracruz-Cardel y el Libramiento Plan del Río, ni en la adjudicación de los contratos hasta por 5 mil 100 millones de pesos para la construcción de 20 ciudades judiciales en el esquema de Asociación Pública-Privada.


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