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Asuntos Públicos – Revocación de mandato del presidente y del gobernador

Eduardo Coronel Chiu

Justificado en la teoría y los movimientos sociales como mecanismo de democracia participativa, el derecho ciudadano a someter a votación si un servidor público electo para un determinado periodo debe o no continuar en el cargo, la creación constitucional de la revocación de mandato del Presidente de la República (y de los gobernadores de los estados) está provocando una gran discusión sobre las consecuencias prácticas que tendría su aplicación en las condiciones actuales de reparto del poder político en México.
La iniciativa de reforma en esa dirección, como es sabido, avalada por el presidente López Obrador y promovida por su bancada mayoritaria del partido Morena en la Cámara de Diputados, donde ha formado alianzas arrolladoras, ayer con un marcador contundente de 329 votos a favor y 116 en contra cruzó la primera aduana del proceso legislativo. Además de la revocación de mandato los diputados aprobaron modificaciones a la consulta popular, pero el núcleo del proyecto plan con maña es el primero.
AMLO en campaña electoral para 2021
La revocación de mandato es una estrategia electoral. Cada jugador hace sus cálculos de escenarios y movimientos y no parecen casuales los tiempos y supuestos, el acomodo se observa favorable al grupo promotor de la iniciativa. Como viene el diseño ayer aprobado, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la cima de su popularidad, estaría en la boleta de las elecciones intermedias de 2021, junto con los candidatos de su partido a diputados federales, a los que arrastraría en una segunda ola o efecto AMLO, factor que aseguraría su ratificación a la vez que mantener el control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Además de influir en las elecciones estatales de ese año y seguir pintando el país de Morena.
Entre las reglas establecidas, se permite que el mismo Presidente de la República pueda pedir al Congreso de la Unión convoque a los ciudadanos a votar sobre la revocación de mandato –además pueden pedirlo el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y al menos el 3% de los ciudadanos del padrón electoral–. El momento de solicitud es durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura, es decir, el año próximo, pero la votación se realizará en 2021, el mismo día de la jornada electoral en la que solo se elijan diputados federales; para que la revocación sea vinculante u obligatoria, debe haber una mayoría absoluta –50% +1– y una participación de cuando menos el 40% de los electores inscritos.
Confieren al INE la organización y el recuento parcial de la votación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si el resultado es revocatorio –debían considerar ese escenario aunque no lo crean posible–, “el presidente cesará en funciones al día siguiente y se aplicará el artículo 84 de esta Constitución”.
Absurda consecuencia de la revocación
No lo examinaron bien, son muy ignorantes o de plano los diputados de Morena están demasiado confiados en que a AMLO no le será revocado el mandato. De tener claras las hipótesis del artículo 84 que se aplicaría si la mayoría absoluta vota por la revocación, sabrían que en 2021 AMLO estaría en el tercer año, lo que lleva al supuesto de falta absoluta de presidente en los últimos cuatro años, en el cual la previsión es que el congreso designe “al presidente sustituto que deberá concluir el periodo”. No queremos ni imaginar ese escenario (solo para trama de thriller político), en el cual el Congreso de la Unión designaría al Presidente de la República para los tres años restantes (2021-2024).
Ahora pasará a la revisión del Senado, donde Morena no tiene el mismo dominio que en la Cámara de Diputados y su grupo legislativo debe negociar con la oposición para alcanzar la mayoría calificada; a ver cómo sale de ahí la revocación de mandato.
Revocación de gobernadores
La reforma aprobada por los diputados incorpora la revocación de mandado para gobernadores de los estados y jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero no obligatoria, sino potestativa.
Las constituciones locales “podrán establecer que se realice el proceso de revocación del mandato del gobernador de la entidad”, en cuyo caso se llevaría a cabo durante el tercer año del periodo para el cual fue elegido. La fecha de la consulta, tratándose de Veracruz y los demás electos en 2018, coincidiría con la federal. Si no fueran ratificados, la consecuencia sería también que los congresos locales designarían a los gobernadores para terminar el periodo del removido.
Menos mala, nuevas elecciones
¿Vamos a remover a un Presidente de la República o a un Gobernador del Estado para dejar la decisión de quién debe gobernar el resto del periodo en camarillas políticas? No parece una buena fórmula. Entrados en la revocación es más democrático, y con mayor representatividad política designar un interino y que se convoquen nuevas elecciones.


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