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Asuntos Públicos – Incidencia delictiva

Eduardo Coronel Chiu

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, fuente oficial de estadísticas delictivas del país, actualizó hace un par de días su página de internet con los datos de la incidencia de delitos del fuero común en Veracruz al mes de febrero del año en curso, aunque cabe mencionar, también hicieron modificaciones significativas a las cifras tenidas como preliminares del mes de diciembre pasado.
Pese a la reservas con que toman los datos oficiales, en parte por la posibilidad de manipularlos para presentar un panorama de menor inseguridad o eficacia de las estrategias de combate a la delincuencia, pero también por la llamada cifra negra, o no registro de delitos cometidos, por no haberse denunciado, sea por temor o desconfianza en las autoridades, los registros oficiales son una referencia cuantitativa abierta a los ciudadanos, una medida de la frecuencia, modalidad y territorio con que se presentan ciertos tipos delitos que permite dimensionarlos, compararlos y observar tendencias, a fin de que la inseguridad no sea solo una cuestión de percepción o estado de ánimo.
En el caso de los datos delictivos de Veracruz, es posible analizar el primer trimestre del actual gobierno (diciembre-febrero), compararlo con el periodo equivalente del año previo o con el trimestre previo, o contextualizar si se quisiera la serie histórica de un periodo mayor de años, según el interés de conocimiento o investigación.
El primer trimestre
Pero para el corto plazo, lo que se observa, por ejemplo del ajuste de diciembre, con respecto al reporte preliminar, es que solo varían 77 incidencias en tres delitos, pero su impacto es relevante. Suben 32 homicidios dolosos para quedar en 177 denunciados en ese mes; aumentan 16 feminicidios, delito que alcanza 18 casos, y el de mayor impacto, el secuestro, que ajustan a 36, sumando 29 a los previamente reportados.
En el comparativo de los primeros tres meses de la actual administración con el mismo periodo del año anterior, se encuentra un reducción de 3 mil 207 delitos, cerca del 30%. Este trimestre registra 11 mil 174 delitos en total, mientras que en el previo fueron 14 mil 381; sin embargo, la baja se observa en el mes de diciembre con repuntes en enero y febrero, pero sobre todo que el descenso se presenta en su mayor parte en el delito de robo, que es el más frecuente –sus denuncias bajan en más de 1,500–; pero no es relevante la reducción en los delitos de más impacto. Si bien disminuye 22.48% el homicidio doloso, en el trimestre fueron 396, contra 489 del periodo comparado, este delito ya venía en descenso en los últimos meses del año anterior. La extorsión tiene variación mínima, 128 en el trimestre reciente, 136 en el comparado.
En cambio, los preocupantes por su repentina elevación son el feminicidio, aunque más grave el caso del secuestro. En el trimestre se registraron 39 feminicidios, sobre 20 del otro periodo, un incremento de casi el 100%, mientras que el secuestro pasa de 33 casos a 115 denunciados en el trimestre, 348%, de aumento.
Ni las cifras oficiales, menos la percepción ciudadana, sirven para presumir éxitos de estrategias apenas comenzadas, si las hay.
Y lo que falta del mes de marzo, que tan solo en el puente del natalicio de Juárez hubo más de 30 homicidios dolosos.
Portillazo
Como el parto de los montes, el pequeño ratón que lleva el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, a denunciar por daño patrimonial al primer año de gestión del gobierno de Miguel Ángel Yunes.
Reflejando la subordinación y complicidad, fiscalizó esa cuenta pública (2017) bajo el gobierno de aquel, sumiso a la Comisión de Vigilancia del panista Juan Manuel De Unanue, apenas se atreverá hoy a imputar responsabilidad por 37.2 millones de pesos, y eso seguramente a personal de bajo nivel de los yunistas.
Repite la farsa de hacer la vista gorda cuando el grupo revisado está en el poder, como lo hizo en los tiempos de Javier Duarte, cuando era Portilla de esa banda, no hubo observaciones relevantes y denuncias mínimas. En cambio, a la caída, para congraciarse con el nuevo grupo, arremetió contra sus ex amos, fue entonces que denunció a fines de 2016 y en 2017, por un monto de 22 mil millones de pesos, y al año siguiente, por 9 mil millones de pesos.
A ver quién le cree a Lorenzo Antonio Farcilla. De plano confía en la ingenuidad de los Morenos de la 4T y en que ya “tiene arreglo” con Pozos. Les promete que en la revisión del segundo año de Yunes, entonces sí, se le irá a la yugular.


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