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Asuntos Públicos – ¡Al diablo las instituciones!

Eduardo Coronel Chiu

La pugna política por el control de la Fiscalía del Estado, la conocida confrontación que sostienen el Fiscal General Jorge Winckler y el gobierno de Cuitláhuac García desde que este tomó posesión, se salió ayer del camino institucional establecido.
Podemos estar en desacuerdo con la permanencia de Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General del estado, argumentar que fue nombrado a propuesta del pasado gobernador Miguel Ángel Yunes por un congreso afín al PAN y que debiera ser sustituido por una persona que no tenga marcas políticas. Pero no por ello se pueden avalar actos a todas luces ilegales para removerlo.
La decisión del Gobierno del Estado, aprobada por sus diputados en el Congreso, fue un acto de fuerza no de derecho. Sorpresivamente ayer la Diputación Permanente –el grupo de diputados que sesiona en los recesos del Congreso del Estado–, con la mayoría de integrantes del partido Morena y una fracción minoritaria –con solo 7 votos y la oposición de diputados del PAN– tomaron el acuerdo de suspender a Jorge Winckler en sus funciones de Fiscal General. La causa invocada fue el señalamiento de que presuntamente el Fiscal no ha cumplido con una certificación de control de confianza que debe expedir el Sistema Nacional de Seguridad Pública; además, nombraron como encargada del despacho de la Fiscalía General a Verónica Hernández Giadans, que resulta ser una empleada del área jurídica del secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, el funcionario de Cuitláhuac obsesionado con la remoción de Winckler, operador fracasado del juicio político con el que pretendieron destituirlo en febrero de este año. La empleada de Patrocinio de inmediato rindió protesta al cargo; sin demora se publicó el acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado, y con el auxilio de la fuerza pública, un operativo especial de la policía del estado, la “encargada” ingresó a las instalaciones para ocupar físicamente las oficinas. Ya está despachando.
En 2006, cuando López Obrador fue derrotado en las elecciones presidenciales por Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, radicalizó su movimiento de protesta, se declaró presidente constitucional y tomó la Ciudad de México, entonces acuñó la frase “¡Al diablo las instituciones!”, advirtiendo que no acataría la resolución legal. Desde el poder, sus delegados en Veracruz ya hicieron suyo ese lema. ¡Al diablo las instituciones!
Absurdos legales
Haciendo a un lado la cuestión política, se observan violaciones obvias a la legalidad; no se ocuparon de cuidar las formas, solo buscaron un pretexto, así sea burdo e insostenible. Si se examina el mentado acuerdo, consulta la legislación citada y se le interpreta en el marco jurídico vigente en la Nación y el Estado, la conclusión evidente es que carece de fundamentación y motivación. Es un acto ilegal. La Comisión Permanente del Congreso del Estado no tiene atribuciones en ninguna legislación para suspender al fiscal, tampoco para nombrar un encargado de despacho. La causal que invocan de la Constitución federal y a ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la falta de certificación, no prevé un procedimiento de suspensión (falta que además no se comprobó) de ese supuesto; es absurdo que la Diputación Permanente se arrogue facultades para aplicar la suspensión en cargo como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, que en el mejor de los casos son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Encadenados en los absurdos y con la finalidad de imponer a la empleada del Secretario de Gobierno como encargada del despacho, se brincaron la legislación de la fiscalía, su Ley Orgánica y Reglamento que contienen previsiones para sustituir al fiscal en ausencias temporales; y aún en casos de vacante debe recaer en funcionarios de la misma dependencia en tanto se aplica el procedimiento constitucional de nombramiento. Como su resolución no se sustenta en los supuestos constitucionales, ni en ninguna norma legal aplicable, procedieron a hacer por su cuenta el nombramiento de la encargada. Asimismo aprobaron, sin facultades legales iniciar el procedimiento de remoción o no (sic) y de responsabilidad que le resulte, el cual se abrirá una vez que inicie el periodo próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. No satisfechos con la sarta de tonterías, emitieron un quinto punto, como el “presente se emite en base al control y defensa de la supremacía constitucional, de ser objetada su legitimidad (sic) se informará al Ejecutivo para que provea sobre su observancia y cumplimiento”. Y para rematar la locura legislativa, en el sexto, “se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente resolución legislativa”, nadie pudo avisarles que ese órgano, la Diputación Permanente, no tiene facultades legislativas.
Las consecuencias: el huevo de la serpiente
Obviamente, la confrontación no va quedar ahí. La guerra continuará en los distintos escenarios; en el jurídico tendrá que resolver el Poder Judicial federal sobre las violaciones a la legalidad de los actos del órgano legislativo, además de la probable violación a la suspensión de amparo concedida previamente por un juez federal a Winckler para no ser removido más que conforme a los procedimientos vigentes cuando fue nombrado. Ya se verá si revierten o no la defensa local, a lo ranchero, de la supremacía constitucional.
En el plano político habrá protestas de la oposición, como desde ayer se presentaron. Aunque era previsible la inconformidad los locales de Morena decidieron asumir el costo; lo que está por verse o confirmarse es si estas hostilidades fueron aprobadas por el jefe de Morena, AMLO; por la torpeza de diseño e implementación parecen ser producto mental de Patrocinio, el secretario de Gobierno, pero no se sabe ahora si los alentaron desde la Presidencia de la República. Es difícil creer que Cuitláhuac y los suyos actuaron por su cuenta, claro que imprimieron su estilo atropellado.
La ignorancia jurídica exhibida en la suspensión del Fiscal es patética, pero la violación abierta al estado de derecho es preocupante. Ahora es al de enfrente, mañana puede ser cualquiera.
El nuevo grupo en el poder no solo tiene otros datos, también tiene sus propias reglas para ejercer el poder, ajenas a la legalidad y al estado de derecho.
Es previsible que el tema alcance visibilidad nacional. Por las implicaciones más amplias en la perspectiva de riesgo de quiebra de la democracia, muchos analistas y actores políticos están atentos a los actos arbitrarios de gobiernos de Morena que vulneran las instituciones y marcan tendencias autoritarias en el ejercicio del poder, particularmente contra adversarios, rasgos ya advertidos en el perfil del liderazgo de López Obrador. ¿Es Veracruz el huevo de la serpiente?


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